Regulación de la IA

La regulación de la IA es el conjunto de leyes y normas que los gobiernos escriben para la inteligencia artificial: qué está prohibido, qué necesita controles extra, qué hay que avisarle a la gente. No es una sola ley sino un mosaico que cambia rápido, porque la IA ya ayuda a decidir quién consigue un crédito, una entrevista de trabajo o un estudio médico.

El ejemplo más completo es la Ley de IA de la Unión Europea (el AI Act), que entró en vigor en agosto de 2024 y cuyas obligaciones se van activando de a poco a lo largo de varios años. Ordena los usos según su riesgo. Unos pocos están directamente prohibidos, como el puntaje social de ciudadanos por parte de gobiernos o los sistemas que manipulan a las personas aprovechándose de sus vulnerabilidades. Los de alto riesgo, como filtrar currículums, corregir exámenes o decidir un crédito, tienen que cumplir requisitos de calidad de datos, supervisión humana y documentación. Los chatbots y los deepfakes tienen obligaciones de transparencia: la gente tiene que saber que está hablando con una máquina o mirando contenido hecho con IA. Los usos cotidianos, como un filtro de spam, no suman obligaciones nuevas. Las multas por las peores infracciones pueden llegar a 35 millones de euros o al 7% de la facturación anual mundial de la empresa.

En el resto del mundo el panorama es desparejo. Estados Unidos no tiene una ley federal única de IA y se apoya en normas existentes y en una cantidad creciente de leyes estaduales; China tiene reglas específicas para la IA generativa y los algoritmos de recomendación; Brasil, Canadá y otros países debatieron proyectos propios. Y las leyes de siempre también alcanzan a la IA: privacidad, como el RGPD, defensa del consumidor, antidiscriminación. Para una empresa, la pregunta práctica no es tanto "¿es legal la IA?" sino "¿qué exige este uso en particular?"